“El sábado 1 de octubre (1983) Pinochet sobrevolaba Pichilemu, dentro de una gira por la VI Región, cuando las turbinas del helicóptero fallaron y se inició un pavoroso descenso de emergencia. El piloto maniobró angustiosamente para tocar tierra. La información oficial fue parca, pero el accidente pudo resultar fatal”. Así describe Ascanio Cavallo a fines de los 80s una simple anécdota que, quizás, representa iconográficamente el comienzo del declive del régimen militar. Desde ese año dos fuerzas diferentes confluyen en un sólo propósito. Los siguientes acontecimientos fueron los hechos políticos claves y precursores que iniciaron este proceso que cambió el destino de este país.
Diez días después del incidente en Pichilemu se daba inicio a la sexta protesta organizada por la oposición. Ésta, a diferencia de las anteriores, destacaba por ser el fin del primer intento de diálogo democrático y organizado entre sectores divergentes. La efervescencia política y los conflictos sociales se acrecentaban cada vez más. Era finales de 1983 y la oposición exigía, entre muchas cosas, la restitución del Congreso, la legitimación de los partidos políticos y, por sobre todo, derrocar la dictadura. El Gobierno, por su parte, consideraba el restablecimiento del Parlamento para 1985 y un plebiscito para 1989. Del resto, nada. La posición oficialista era intransigente.
Desde fines de agosto de ese año, Gabriel Valdés, presidente de la entonces desarticulada DC, encabezó una serie de tres reuniones entre el Gobierno, representado por el ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, y la oposición, articulada en el movimiento moderado Alianza Democrática. Esta treta de diálogo fue convocada e incentivada por el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, quién – una vez establecidas las convocatorias – se retiraba del lugar con el fin de no interferir en las citas.
Gabriel Valdés

Gabriel Valdés
“Hemos venido en representación de los partidos”, inició Valdés en la primera cita con Jarpa el 25 de agosto de 1983. En relación a las protestas populares, que a esa fecha llegaban a cuatro desde el 11 de mayo de ese año, el falangista señaló que era la única forma de expresión que tenía la ciudadanía y le pidió al Ministro que no las considerara como un acto de violencia, sino que como un “gesto de rebeldía de un pueblo sin vías de expresión”. Terminó su discurso señalando que Augusto Pinochet obstaculizaba el entendimiento, lo que generó la ira del ministro.
De corte moderado pero enfático a la hora de negociar con el Gobierno, Gabriel Valdés era la figura idónea para orquestar los primeros intentos de diálogo. Su talante trascendía los escenarios más adversos.
En respuesta a las manifestaciones opositoras, el Gobierno, junto a una remozada campaña de imagen, organizó una manifestación de apoyo a la dictadura el 9 de septiembre frente a La Moneda. El objetivo era debilitar la avanzada de la oposición. Y, en parte, se logró.
Gabriel Valdés comenzó a sentir la presión desde su propio bando. En la Alianza Democrática, e incluso en su propio partido, comenzaron a dudar del éxito de las negociaciones con Interior y los dardos recayeron en su persona.
Al día siguiente de la celebración de los 10 años del régimen, el contacto con Jarpa se había suspendido. Valdés buscó apoyo del oficialismo en Carlos Reymond, político de buena voluntad y amigo de Jarpa. La nueva estratagema sería una reunión privada, sin prensa, con el ministro.
Valdés alegó el carácter inorgánico que estaba tomando la dinámica de apertura del oficialismo, pero Jarpa sólo ofrecía la instauración de una comisión que no convencía a la oposición. Finalmente llegaron al acuerdo de establecer un plan de trabajo organizado y con la posibilidad de más de una comisión, las que se encargarían de diversos temas como la Constitución, pero con la condición de que las conclusiones de éstas fueran analizadas por la Junta de Gobierno.
El presidente de la DC actuó rápidamente y logró la aprobación de su partido y la Alianza Democrática sobre la propuesta ministerial. En un par de días redactó el documento con la proposición.
De esta manera se estableció la tercera reunión entre los dos bandos, convocada por el arzobispo. Ésta vez la cita fue secreta con el fin de no estimular la polémica en la opinión pública.
La reunión resultó infructuosa. El oficialismo creía que la Alianza Democrática estaba presionando demasiado y la oposición aseguraba que Jarpa intentaba envolverlos en el régimen.
Al día siguiente del incidente del helicóptero, Pinochet señaló que la Constitución “no se alterará, cueste lo que cueste” y que los políticos podían “seguir conversando no más”.
La Alianza Democrática dio por finalizado su intento de diálogo con el Gobierno. El 11 de octubre se convocó a la sexta protesta popular de ese año. Duró cuatro días y la beligerancia en el país se acrecentó aun más.
La Iglesia

Juan Francisco Fresno
El arzobispo Juan Francisco Fresno no sólo actuó organizando citas entre Jarpa y la Alianza, sino que realizó un papel clave cuando todo parecía perdido.
En 1985, luego de una serie de aproximaciones, más bien teóricas que pragmáticas, entre sectores divergentes (las mesas de diálogo del ’83, el abortado plan gubernamental para enmendar la Constitución, el trabajo de centros de estudios para aproximar posiciones antagónicas, entre otras), el ánimo para continuar con propósitos concertantes había decaído.
En este escenario entra nuevamente el arzobispo Juan Francisco Fresno. Inspirado en la tesis que la oposición no estaba completamente unificada para presentar un proyecto de cambio, y que la incipiente derecha democrática podría ser muy constructiva, planificó una serie de desayunos con los tecnócratas más representativos de los diversos sectores. La idea era, entonces, recoger sus principales ideas y preparar un informe de factibilidad técnica de peso para presentarla al Gobierno. Para esto, conformó un equipo de trabajo con José Zabala de la Fuente, presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos; Sergio Molina Silva, ex ministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva; y Fernando Léniz Cerda, laico y agnóstico, era el ex ministro de Economía de Pinochet hasta 1975.
El primero de la ronda fue Patricio Aylwin, el representante del partido más popular de ese momento: PDC. Cabe señalar que Fresno no citó a Gabriel Valdés porque consideró que sería una intromisión al proceso de elecciones internas de su mesa directiva, a la que Valdés estaba postulando para su reelección.
De aquel desayuno se extrajo las intenciones de Aylwin por reformular la Constitución, tarea que recomendó a Mónica Madariaga, ex Ministra de Justicia y Educación, y a Mónica Jiménez, miembro de la comisión Justicia y Paz del Episcopado.
El siguiente en la lista era ahora un izquierdista: Carlos Briones, ex ministro del Interior de Salvador Allende. A continuación, y saliéndose de la Alianza, la cita fue con el derechista y ex senador Francisco Bulnes, considerado por sus aportes al diálogo concertador entre la divergencia. Luego vendría el radical Enrique Silva Cimma (centro izquierda), el republicano Hugo Zepeda (centro derecha), el socialdemócrata René Abeliuk (centro izquierda) y el nacional Pedro Correa (centro derecha). Finalmente se consideró al dirigente juvenil y derechista Andrés Allamand, debido a su pensamiento independiente.
El 25 de mayo de 1985, Juan Francisco Fresno fue ungido como cardenal por el papa Juan Pablo II y su capacidad de gestionar cambios en el país fue mayor. Desde ese momento inició una campaña al interior de la Iglesia para convocar al diálogo ya a nivel institucional. La tratativa de los desayunos fue el comienzo de una serie de medidas que, desde la misma Iglesia, irán en pos de los acuerdos entre Ejecutivo y oposición.
El Gobierno, por su parte, estaba perdiendo fuerza no sólo en términos de popularidad, sino que también en su relación con el Tribunal Constitucional. El sentido del establecimiento del estado de sitio iba disminuyendo y apuntando más hacia la impunidad criminal que hacia el sostenimiento del orden. Por este motivo, el Gobierno decidió endurecer su política y reemplazar el plan de suspensión de libertades públicas por uno de “restricción”, especialmente las libertades de expresión y reunión.
En este contexto, Pinochet solicita renovar por un tercer periodo el estado de sitio. En términos prácticos, se solicitaba al Tribunal que le confiera al Gobierno la capacidad de imponer censura con la simple declaración de estado de emergencia. “El poder de restringir – decía el oficio – comprende necesariamente el de revisar, con anterioridad a su emisión, todos los medios a través de los cuales se difundirán las opiniones o informaciones, a objeto de determinar cuáles de aquellos o qué aspectos de los mismos pueden ser publicados y cuáles deben ser limitados u omitidos”.
El Tribunal Constitucional, causando el total desconcierto del Gobierno, rechazó la propuesta, especialmente la facultad de “restringir” y los términos asociados al estado de excepción.
Éste vendría siendo el primer gran revés que sufrió la dictadura militar, comenzando así un progresivo y profundo decaimiento del régimen.
Intransigencia del Ejecutivo, cambios constantes en el gabinete, inestabilidad institucional y la fuerza de la oposición lograron el derrocamiento del sistema autoritario un día como hoy, hace 21 años.